La banca europea se moviliza contra el plan de Bruselas para combatir el fraude del IVA

El sector bancario reclama un aplazamiento de la nueva directiva. Las autoridades de la UE obligarán a atesorar datos sobre millones de pagos electrónicos.

El sector bancario europeo se ha movilizado para tratar de retrasar la aprobación de la directiva comunitaria destinada a reforzar la lucha contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el comercio electrónico en el ámbito de la UE.

Este mes, el brazo ejecutivo de los ministros de finanzas de la UE prevé aprobar la propuesta de reforma elaborada por la Comisión Europea para combatir el fraude del IVA. Una de las novedades que contempla el texto que se someterá a votación es la obligación, por parte de las entidades proveedoras de servicios de pagos (sobre todo bancos y otros emisores de tarjetas), de «conservar y transmitir a las autoridades tributarias» datos sobre millones de transacciones.

Aunque el texto propuesto por Bruselas prevé que la cantidad de información atesorada y facilitada por los proveedores de pagos sea «proporcionada» y que ésta se limite a lo mínimo imprescindible para ayudar a las autoridades en su lucha contra el fraude del IVA, las principales asociaciones que engloban el sector bancario y financiero en la UE consideran que la propuesta de directiva fija un objetivo «desproporcionado» tanto en los datos requeridos como en el coste previsto para obtenerlos y guardarlos.

En un escrito conjunto publicado por la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) y otras tres patronales (las de cooperativas, cajas e instituciones de pagos), el sector financiero reclama a las autoridades comunitarias un aplazamiento en la aprobación de la nueva norma, así como una revisión de la misma para que sea, a su juicio, «práctica y viable», a la vez que ayude a los Estados miembros a combatir el fraude del IVA.

En su comunicado, además de la desproporción, los bancos europeos alertan a Bruselas sobre las consecuencias que, en su opinión, generará esta norma si se aprobase tal y como prevé su redactado actual. Así, no solo consideran que la directiva no alcanzará sus objetivos prácticos, sino que «creará un riesgo significativo» en el Viejo Continente, al tiempo que las mayores obligaciones de transparencia para la banca provocarán «incertidumbre» en el sector.

Carga económica para la banca

La actual propuesta creará, según los bancos, una enorme, costosa y pesada «carga operacional» a los proveedores de pagos para atesorar una gran mayoría de transacciones que no tienen vínculo posible con ningún tipo de práctica fraudulenta relacionada con el IVA. Además, consideran que una acumulación centralizada de tal cantidad de datos sobre transacciones generará un potencial problema de seguridad y privacidad, ya que al existir un solo depósito de información se elevan las opciones de que ocurra una «potencial filtración masiva de información con profundas consecuencias para los ciudadanos, la UE y el sector», advierte la carta.

Además de los potenciales riesgos, la EBF y el resto de asociaciones del sistema financiero europeo alertan a las autoridades por la incertidumbre y confusión que las entidades sufren respecto a cómo tendrán que cumplir con sus obligaciones de guardar y distribuir su información. El sector considera también que la directiva tiene un planteamiento ineficiente, ya que las compañías dispuestas a llevar a cabo un fraude en el IVA a través de medios electrónicos «pueden evitar la grabación de sus transacciones estableciendo una cuenta de pagos fuera de la UE», según alerta el escrito.

Las entidades bancarias insisten en su texto conjunto, no obstante, en que comparten la preocupación de las autoridades europeas para luchar contra el fraude del IVA y que están dispuestas a colaborar con éstas de manera efectiva y eficiente.

Sin embargo, las asociaciones del sector critican que todas sus propuestas, preocupaciones y recomendaciones han sido «ampliamente rechazadas» por parte de los legisladores europeos. Consideran, además, que los problemas detectados no podrán ser corregidos durante la fase de implementación de la directiva, por lo que insisten en reclamar un retraso indefinido en la aprobación de la nueva norma.

FUENTE: EXPANSIÓN