- 3 de diciembre de 2025
VERI*FACTU se aplaza un año: el Consejo de Ministros fija su aplicación para 2027
El proceso de implantación del sistema VERI*FACTU vive un nuevo giro. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de diciembre el Real Decreto-ley 15/2025 que aplaza a 2027 la entrada en vigor del Reglamento regulador de los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF), previsto inicialmente para 2026. La decisión supone un reajuste relevante en la planificación normativa de empresas, profesionales y despachos tributarios.
Según el nuevo calendario, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán adaptarse al sistema a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los empresarios y profesionales en estimación de IRPF tendrán como fecha límite el 1 de julio de 2027. El texto deberá ser ahora convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días, conforme al procedimiento ordinario de los Reales Decreto-ley.
Un año más de preparación, pero también de incertidumbre técnica
El aplazamiento confirma una realidad que los asesores fiscales han constatado durante todo 2025: VERI*FACTU ha sido —y seguirá siendo— el eje de muchas de las conversaciones técnicas del sector. El retraso traslada al ejercicio 2026 el grueso del trabajo previo a su implantación, desde la revisión de procesos internos hasta la adecuación de los sistemas informáticos de facturación utilizados por empresas y profesionales.
Para los despachos, el nuevo plazo ofrece un margen adicional para afinar protocolos, planificar adaptaciones y acompañar a los contribuyentes en la transición. No obstante, también implica un año extra de seguimiento normativo, formación técnica y preparación operativa para una reforma que, pese a posponerse, mantiene intacta su relevancia estratégica dentro del sistema tributario español.
Una normativa que seguirá marcando el debate fiscal
Aunque el calendario se desplace, VERI*FACTU continúa siendo una de las transformaciones más profundas previstas en materia de facturación y control tributario. Su aplazamiento no diluye su impacto: únicamente extiende el periodo de preparación para empresas y asesores, que deberán mantenerlo como prioridad en sus agendas de 2026.