- 6 de abril de 2026
Medidas laborales del RDL 7/2026: qué deben tener en cuenta empresas y empresario ante la crisis en Oriente Medio
El Real Decreto-ley 7/2026, publicado en el BOE el 21 de marzo, introduce un conjunto de medidas sociolaborales que impactan directamente en la gestión empresarial. Más allá de las ayudas económicas, la norma establece condiciones y limitaciones laborales que las empresas y autónomos deben analizar con detalle antes de tomar decisiones.
Para asesores fiscales y responsables de empresa, el foco debe situarse en tres ámbitos clave: limitación de despidos, nuevas obligaciones organizativas y condicionantes vinculados a ayudas públicas.
Limitación de despidos vinculada a ayudas públicas
El elemento más relevante del nuevo marco normativo se encuentra en la restricción de despidos para empresas beneficiarias de ayudas.
Las compañías que accedan a las ayudas previstas en el RDL 7/2026:
- No podrán realizar despidos por causas de fuerza mayor
- Tampoco podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al contexto energético
Esta limitación estará vigente, en principio, hasta el 30 de junio de 2026.
Desde el punto de vista práctico, esto implica que las empresas deberán revisar con especial cautela cualquier decisión de ajuste de plantilla, especialmente si está relacionada con el incremento de costes energéticos.
Consecuencias del incumplimiento: nulidad y devolución de ayudas
El incumplimiento de esta limitación no es una cuestión menor.
La norma establece dos consecuencias directas:
- Obligación de reintegrar las ayudas públicas recibidas
- Posible calificación del despido como nulo
Este doble impacto, económico y jurídico-laboral, eleva significativamente el riesgo de decisiones no alineadas con la norma.
Además, la restricción no se limita a contratos indefinidos ordinarios. También afecta a:
- Contratos fijos-discontinuos, donde no podrá justificarse la falta de llamamiento por estas causas
- Cooperativas, que no podrán reducir empleo ni modificar condiciones por motivos vinculados a la crisis energética
Planes de movilidad sostenible: nueva obligación anticipada
Otro de los aspectos laborales más relevantes es el adelanto en la implantación de los planes de movilidad sostenible al trabajo.
El plazo se reduce de 24 a 12 meses para:
- Empresas con más de 200 trabajadores
- Centros de trabajo con más de 100 empleados por turno
Estos planes deberán incorporar medidas concretas como:
- Fomento del transporte colectivo
- Uso de vehículos de bajas emisiones
- Movilidad compartida
- Impulso del teletrabajo
- Mejora de la seguridad en desplazamientos laborales
No se trata de una obligación formal, sino de una exigencia que implicará planificación, documentación y adaptación organizativa.
Vinculación entre ayudas públicas y obligaciones laborales
El RDL 7/2026 refuerza un enfoque ya consolidado en normativas recientes: las ayudas públicas quedan condicionadas al cumplimiento de determinadas obligaciones laborales.
En este caso, se introduce un elemento adicional de control:
- Las empresas obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible que, además, sean beneficiarias de ayudas, deberán reintegrar dichas ayudas si incumplen esta obligación
Esto obliga a integrar la gestión laboral dentro de la estrategia de acceso a financiación pública.
Implicaciones prácticas para empresas y asesores
El nuevo marco normativo exige una revisión inmediata de la situación laboral de las empresas, especialmente en sectores afectados por el incremento de costes.
Entre las principales recomendaciones:
- Evaluar el impacto de las ayudas antes de solicitarlas
- Revisar posibles decisiones de ajuste de plantilla
- Planificar con antelación los planes de movilidad
- Garantizar el cumplimiento de las condiciones asociadas a las ayudas
Un escenario laboral más condicionado y exigente
Las medidas laborales del RDL 7/2026 consolidan una tendencia clara: el acceso a ayudas públicas implica asumir compromisos laborales y organizativos estrictos.
Para empresas y autónomos, el reto no será únicamente adaptarse a un entorno económico complejo, sino hacerlo dentro de un marco regulatorio que limita determinadas decisiones y exige una mayor planificación.
En este contexto, el asesoramiento técnico se convierte en un elemento clave para minimizar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo.