- 12 de enero de 2026
La reforma del cese de actividad de los autónomos vuelve a quedar en suspenso tras la prórroga de cuotas para 2026
El Consejo de ministros ha acordado prorrogar en 2026 las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vigentes en 2025, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con las organizaciones representativas del colectivo. La decisión, pendiente de validación parlamentaria, deja nuevamente en el aire una de las principales reivindicaciones del sector: la reforma del cese de actividad, conocido como el paro de los autónomos.
La mejora de esta prestación había sido planteada por las asociaciones de autónomos como una condición indispensable para avalar cualquier incremento de cotizaciones. Sin embargo, el desacuerdo entre el Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones representativas ha desembocado en una prórroga automática de las cuotas actuales y en la paralización de los avances comprometidos en materia de protección social.
Negociaciones fallidas y reformas condicionadas
El Ministerio de Seguridad Social llegó a presentar dos propuestas para incrementar las cuotas de los autónomos en 2026. La primera planteaba subidas mensuales de entre 10 y 200 euros, lo que fue rechazado de forma unánime por las organizaciones del sector. Posteriormente, se presentó una segunda propuesta más moderada, con incrementos de entre 3 y 15 euros mensuales, equivalentes a un aumento máximo del 2,5 %.
Pese a esta rebaja, las asociaciones mantuvieron su postura: cualquier subida debía ir acompañada de mejoras efectivas en el cese de actividad, una prestación que los autónomos financian desde 2019 pero cuya cobertura sigue siendo limitada. Ante la falta de consenso, las negociaciones se cerraron tras solo dos reuniones, culminando con la decisión de prorrogar las cuotas sin cambios para 2026.
Un sistema con requisitos especialmente exigentes
El acceso al cese de actividad continúa siendo uno de los principales puntos de fricción. Los requisitos para su concesión son considerados especialmente restrictivos por el colectivo. En los supuestos de cese por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas, se exige acreditar, entre otros extremos, pérdidas superiores al 10 % de los ingresos anuales, una reducción significativa de la actividad o que los rendimientos netos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En los casos de fuerza mayor, también se requieren condiciones severas, como una caída de ingresos del 75 % respecto al ejercicio anterior o la declaración de una situación de emergencia por parte de la autoridad competente. Estas exigencias hacen que muchos autónomos, aun atravesando situaciones de inviabilidad económica, no puedan acceder a la prestación.
Alta tasa de denegaciones y baja cobertura real
Los datos más recientes reflejan con claridad esta problemática. En octubre, cerca del 50 % de las solicitudes de cese de actividad fueron denegadas. De las más de 14.000 solicitudes registradas, apenas se concedieron algo más de 7.000.
Entre los principales motivos de denegación figuran la falta de acreditación ante la Agencia Tributaria, no cumplir el periodo mínimo de cotización de 12 meses o no estar al corriente de pago de las cuotas. Esta realidad refuerza la percepción de que el sistema actual no ofrece una protección efectiva acorde con el esfuerzo contributivo exigido.
Una reforma pendiente dentro del modelo de cotización por ingresos reales
La propuesta de incrementar las cuotas se enmarca en la reforma del RETA pactada en etapas anteriores, cuyo objetivo es que los autónomos coticen por ingresos reales de forma progresiva hasta 2030, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. No obstante, la falta de avances en el cese de actividad debilita el equilibrio entre mayores aportaciones y mejoras en la protección social.
Las organizaciones de autónomos insisten, además, en la necesidad de unificar criterios de las mutuas a la hora de conceder la prestación y en reconocer situaciones de inviabilidad económica, aunque no exista una voluntad expresa de cierre.
Una demanda adicional: protección para los mayores de 52 años
Junto a la reforma del cese de actividad, las asociaciones reclaman la creación de un subsidio específico para autónomos mayores de 52 años. Se trata de un colectivo que, en muchos casos, agota las prestaciones disponibles y se enfrenta a graves dificultades para reinsertarse laboralmente, quedando en una situación de especial vulnerabilidad social.
Reflexión final
La prórroga de las cuotas del RETA para 2026 aporta estabilidad a corto plazo, pero aplaza de nuevo una reforma estructural largamente demandada. La mejora del cese de actividad sigue siendo una asignatura pendiente en un sistema donde los autónomos cotizan desde 2019 por una prestación que, en la práctica, resulta de difícil acceso. Sin avances en este ámbito, el debate sobre cuotas y protección social continuará abierto, con un equilibrio todavía lejos de alcanzarse.